Cooperativas de plataforma y de la economía digital en Costa Rica: ¿un escenario promisorio?

Costa Rica, como muchos otros países de América Latina, se enfrenta a un grave problema de desempleo e informalidad laboral; los más recientes datos correspondientes a mayo del 2022 reflejan un desempleo del 12% y una informalidad laboral del 44%. Esta situación ha llevado a miles de personas a buscar trabajos irregulares y de corto plazo en la “gig economy” (o economía de plataformas), particularmente a través de plataformas de movilidad como Uber y DiDi o de entrega de comidas como Uber Eats y Rappi. 

A pesar de que funcionan como una fuente de empleo de última instancia, según un reportaje del Semanario Universidad, son constantes las quejas de los “socios colaboradores” de estas plataformas sobre sus condiciones de trabajo, lo que ha provocado la formación de al menos dos sindicatos. Las denuncias presentadas por estos “socios colaboradores” son similares a las expresadas en otras latitudes: reduccion de pagos, rebaja arbitraria de viajes asignados, imposibilidad de apelar decisiones, ausencia total de beneficios laborales o protecciones, horas de trabajo excesivas, entre otras. 

Si bien Uber -la empresa de plataforma con mayor presencia en el país- no aporta datos del número de conductores o repartidores inscritos, a diciembre del 2020 -tres años después de la entrada en operación de Uber Eats- el número de restaurantes registrados en la aplicación llegaba a 3.000, a lo cual se le suman 350 tiendas que ofrecen sus productos por la plataforma. Las organizaciones de trabajadores calculan que previo a la pandemia podían haber unos 10.000 repartidores, cifra que pudo haber subido a 30.000 para el año 2021. Por otro lado, el Índice LATAM de Economía Compartida 2021 reveló que las ciudades de Alajuela y San José son segundas a nivel latinoamericano en términos de oferta de la economía de plataformas. 

Aún cuando el papel de estas empresas en la economía nacional no deja de crecer, en Costa Rica los esfuerzos por regular las plataformas y las condiciones laborales relacionadas con sus servicios han sido apenas incipientes. En el 2019 la Asamblea Legislativa aprobó una ley para regular las plataformas de hospedaje, y recientemente se han presentado dos proyectos de ley (el 21587 y el 23110) para regular las plataformas de movilidad pero ninguno ha sido aprobado todavía. En cuanto al reparto de comidas, se han presentado dos proyectos para proteger los derechos laborales de los repartidores (el 21567) y para limitar el alza de las comisiones que las plataformas pueden cobrar a los restaurantes (el 22142) pero ninguno ha sido sometido a votación. 

Es claro que las plataformas tecnológicas como intermediarias de la venta de bienes y servicios llegaron para quedarse y serán parte permanente de nuestra economía. Por lo tanto, si bien es importante criticar su impacto en la precarización laboral, la congestión vial, la gentrificación, el extractivismo de datos y otra serie de problemas que han sido detectados como consecuencia de su modelo de negocios, también es necesario identificar alternativas tangibles que puedan plantear una forma distinta de desarrollar y gestionar este tipo de plataformas en beneficio de las personas trabajadoras y usuarias y del contexto social y ambiental en el que se desenvuelven.

Es aquí en donde entran en escena las cooperativas de plataforma. Éstas son empresas asociativas que utilizan un sitio web, una aplicación o un protocolo para vender bienes o servicios, pero se diferencian de las plataformas tradicionales ya que la propiedad de la plataforma es compartida entre sus trabajadores y usuarios, y la toma de decisiones con respecto a la empresa se realiza de forma democrática entre todos sus miembros. Las cooperativas de plataforma pueden representar beneficios tales como mayor resiliencia durante crisis económicas, mayor productividad y retención de trabajadores, salarios más decentes, control sobre las condiciones laborales, respeto más estricto a la privacidad, entre otros. Actualmente, según el mapeo realizado por el Platform Cooperativism Consortium, existen cerca de 500 proyectos de propiedad cooperativa de plataformas digitales en 34 países. 

En Costa Rica existe una arraigada tradición de cooperativismo y un pujante sector de tecnologías de la información que en 2018 generó alrededor de 42.256 empleos directos y $1.300 millones de dólares en ingresos, lo que parecerīa indicar que el país podría ser un entorno receptivo para las cooperativas de plataforma y de la economía digital. Pero, ¿se está aprovechando este potencial? 

Cooperativismo y tecnología digital en Costa Rica

Por más de ocho décadas el cooperativismo ha sido impulsado por el Estado como un mecanismo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores costarricenses. En 1943 las cooperativas obtuvieron rango constitucional y en 1968 se promulgó la Ley de Asociaciones Cooperativas N° 4179, que regula las cooperativas y las declara de conveniencia y utilidad pública y de interés social, lo cual implica que cuentan con una serie de exenciones tributarias y acceso preferencial a servicios públicos y financieros.  

Además, en 1982 se incluyen en la ley las cooperativas de autogestión (también conocidas como cooperativas de trabajadores) y se crea un Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión que se destina a inversiones en este tipo de cooperativas. Ese mismo año igualmente se establecen las cooperativas de cogestión, en donde la propiedad, la gestión y los excedentes son compartidos entre los trabajadores, los productores de materia prima y/o el Estado. En los países en los que han surgido, las cooperativas de plataforma suelen precisamente ser cooperativas de autogestión o cogestión. 

Para el año 2020 existían en Costa Rica 671 cooperativas, aunque para obtener datos más detallados hay que volver al 2012, año en que se realizó el último censo a profundidad del sector. En ese momento, se sostuvo que las cooperativas generaban 21.632 empleos directos y tenían 887.355 asociados, es decir, el equivalente al 21% de la población del país. Asimismo, existían 92 cooperativas de autogestión, ubicadas principalmente en los sectores económicos de servicios (57%), industria (25%), y agricultura, silvicultura y pesca (18%). 

Sin embargo, al hacer una revisión del directorio de cooperativas activas, se identificaron muy pocas cooperativas enfocadas en tecnologías digitales. Y si bien no hay cooperativas de plataforma que se hayan auto-descrito como tales, sí se encuentran ejemplos de cooperativas que han utilizado algún tipo de plataforma para vender sus bienes y servicios, pero muchas de estas iniciativas se encuentran inactivas o adolecen de falta de mantenimiento y diseños poco atractivos que dificultan su uso.

¿Qué razones pueden explicar esta baja penetración del cooperativismo en la economía digital y de plataformas? Por un lado, hay aspectos propios de la cultura de negocios que se ha generado alrededor de la economía digital, en donde se privilegia el individualismo personificado en la figura del emprendedor líder y se depende del capital de riesgo para escalar rápidamente. Pero, por otro lado, hay debilidades propias del cooperativismo en Costa Rica que desincentivan la formación de este tipo de empresas asociativas. 

Por ejemplo, la ley exige que una cooperativa de autogestión debe tener al menos 12 miembros para conformarse, lo cual puede ser un número demasiado alto para empresas de la economía digital. Además, todas las cooperativas deben ser aprobadas por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y éste órgano ha sido criticado por su lentitud a la hora de atender las demandas de formación de cooperativas, ya que un proceso para formar una cooperativa puede tardar hasta dos años.  

En esa línea, la desarticulación institucional y la falta de modernización de los servicios brindados por las entidades encargadas de velar por el cooperativismo también se ha identificado como un problema; incluso el INFOCOOP en años recientes se enfrentó a una intervención estatal debido a la sospecha de gestiones irregulares. Se argumenta también que las cooperativas se han hecho demasiado dependientes del Estado, lo que ha resultado en una falta de preparación en el sector para asumir su destino desde sus propios recursos. 

Las cooperativas asimismo adolecen de una evidente falta de diversidad en su conformación. Según los datos del censo de cooperativas del 2012, el 57% de los asociados, el 61,5% de los puestos directivos, el 70% de los gerentes y el 78% de los presidentes del directorio de las cooperativas del país eran hombres. Y si bien el censo no midió características etarias, es muy probable que los datos arrojaran una composición mayoritaria de hombres de mediana edad, con pocos jóvenes involucrados. Esta falta de diversidad puede tener impactos negativos en el surgimiento de ideas innovadoras y la utilización de nuevas herramientas (como las plataformas tecnológicas).

Contexto favorable

Más allá de estas dificultades, hay una serie de condiciones que permiten pensar que Costa Rica puede ser un terreno fértil para el surgimiento de cooperativas de plataforma y de la economía digital. 

Primero se encuentra la influencia del entorno internacional. Las cooperativas de plataforma se están volviendo una alternativa cada vez más viable no solo en Europa o Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, como lo muestra el hecho de que la conferencia del Platform Cooperativism Consortium se realizará este año en Río de Janeiro. Además, las cooperativas de tecnologías digitales son fuertes en países como Brasil y Argentina, en donde están agrupadas bajo su propia federación. Y la importancia de la economía social -incluidas las cooperativas- ha sido resaltada por la OCDE, a la que Costa Rica pertenece y cuyo Consejo Ministerial emitió recientemente su recomendación sobre la economía social y solidaria en donde llama a los Estados a fomentar y expandir este tipo de empresas. 

A nivel nacional, el país cuenta con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, un banco público que es copropiedad de los trabajadores y cuya orientación general es definida por una Asamblea de Trabajadores con representación de diversos sectores sociales, entre los cuales sobresale el sector cooperativo. En el documento vigente de Pautas y Orientación aprobado por dicha Asamblea, se establecen acciones como la creación de incubadoras y el patrocinio de actividades que impulsen el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas de la economía social. 

El INFOCOOP ha salido fortalecido de su intervención estatal y en su Plan Estratégico Institucional 2019-2023 se propuso impulsar la innovación cooperativa y la transferencia tecnológica entre cooperativas, así como aumentar la participación de los jóvenes en cooperativas a partir de actividades divulgativas y proyectos en conjunto con universidades. En esa línea, el Instituto Tecnológico de Costa Rica recientemente se alió con Cooperativas de las Américas para brindar un curso virtual sobre tecnologías e innovación digital para la economía social.

Los ùltimos dos gobiernos avanzaron en la institucionalización del fomento de la economīa social, creando un Viceministerio y una Dirección con ese fin en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y aprobando la Política Pública de Economía Social Solidaria 2021-2025, la cual establece iniciativas tales como fondos concursables, incubadoras y aceleradoras que promuevan la innovación en la economía social solidaria y que amplíen las fuentes de trabajo decente, especialmente entre la juventud.  

A nivel local las municipalidades han mostrado un renovado interés en las cooperativas y la economía social. Por ejemplo, en el 2020 Nicoya fue declarado como el primer cantón de la economía social solidaria y más recientemente 9 municipalidades conformaron una Red de Gobiernos Locales por la Economía Social Solidaria, mientras que  la Municipalidad de Santa Ana decidió impulsar la creación de cooperativas entre sus medidas para reactivar la economía local. Y hay otros cantones o regiones que pueden ser particularmente receptivos para las cooperativas de plataforma y de la economía digital como San Carlos (ver recuadro). 

El caso de San Carlos

Si bien las cooperativas de plataforma y de economía digital posiblemente tendrían un espacio más promisorio en las principales ciudades del Gran Àrea Metropolitana de Costa Rica, en donde se concentra la mayor actividad económica y los principales focos de talento humano, fuera del GAM también se encuentran lugares propicios como San Carlos, una zona agrícola al norte del país con amplia presencia del cooperativismo y que ha logrado desarrollar un enclave de empresas de tecnologías de información. De acuerdo al Programa Estado de la Nación, los sectores servicios (55%) y agro (25%) concentran la principal actividad económica de este extenso cantón, y se encuentra una buena cantidad de talento calificado tanto en las áreas agropecuarias como en la tecnología digital.

Debido a estas características, esta zona puede posicionarse como un futuro polo de desarrollo para las cooperativas de plataforma y de la economía digital, especialmente para apoyar a aquellas cooperativas y empresas agropecuarias que han sufrido de dificultades en su modernización digital. La posibilidad de encontrar encadenamientos entre ambos sectores por medio del cooperativismo puede ser grande, si se brindan los apoyos e incentivos adecuados.  

Hoja de ruta para impulsar las cooperativas de plataforma y de economía digital

Como se puede ver, en Costa Rica hay condiciones favorables para el establecimiento de cooperativas que, a partir de la innovación tecnológica, pueden posicionarse como una alternativa a las plataformas extractivistas y precarizantes que han predominado hasta el momento. Sin embargo, para conseguir que ese terreno promisorio se convierta en una realidad se recomienda realizar acciones como las siguientes: 

– Aumentar el conocimiento y la divulgación sobre las cooperativas de plataforma y de economía digital. En Costa Rica cooperativas como Sulá Batsú han estado involucradas con iniciativas de este tipo, pero es mucho lo que todavía se puede hacer para dar a conocer las sinergias entre el modelo cooperativista y la economía digital, y para conectar con cooperativas ya existentes en áreas como el transporte, mensajería, salud, cuidados infantiles, ecoturismo y reciclaje que podrían beneficiarse del uso de plataformas para relacionarse con sus clientes. 

– Simplificar procesos y trámites. Es importante que las instituciones encargadas del proceso de formación de cooperativas -especialmente el INFOCOOP- faciliten procesos, simplifiquen trámites y eliminen la burocracia innecesaria para iniciar y desarrollar una cooperativa. Si bien hay particularidades de esta forma jurídica que pueden necesitar de más requisitos, formar una cooperativa no debería ser un proceso mucho más difícil que registrar una empresa normal.

– Disminuir la cantidad de miembros necesarios para conformar una cooperativa de autogestión. Para esto se debe reformar el artīculo 31 de la Ley de Asociaciones Cooperativas para que el número de miembros mínimos sea más bajo y así incentivar la conformación de nuevas cooperativas en áreas de la economīa (como la digital) que inicialmente no requieren de tanto recurso humano. Del mismo modo, se podría reformar el artículo 120 para que las cooperativas de cogestión puedan involucrar también a los usuarios de los servicios que provee la cooperativa, y así poder conformar verdaderas cooperativas multi-actor. 

– Participación del Estado en cooperativas y creación de incubadoras. Las instituciones públicas y particularmente las municipalidades pueden impulsar estas cooperativas al participar activamente en ellas en la modalidad de cogestión. La Ley de Asociaciones Cooperativas en su artículo 14 ya invita a las municipalidades a convertirse en asociadas de cooperativas. Además, pueden crear incubadoras, abrir fondos concursables y facilitar espacios físicos para la experimentación y el trabajo conjunto de cooperativas incipientes. 

– Rol activo de las universidades en investigación y formación. Las universidades pueden jugar un papel importante tanto para desarrollar investigaciones que identifiquen sectores de la economía en donde las cooperativas pueden prosperar, como para contribuir en la incubación y aceleración de cooperativas de plataforma y de la economía digital. El Instituto Tecnológico y la Universidad de Costa Rica por medio de su Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo pueden involucrarse en estas iniciativas. 

– Facilitar financiamiento e inversiones.  Para esto es importante que las entidades financieras tomen en cuenta no solo los potenciales rendimientos económicos, sino también el impacto social e incluso ambiental de las cooperativas. Además, se pueden movilizar entidades en donde el movimiento cooperativista tiene influencia, como la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y el Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión, para impulsar la inversión específica en estas cooperativas. 

– Comprar sus servicios a través de procesos de contratación pública. Ya el artículo 6 de la Ley de Asociaciones Cooperativas establece el derecho de las cooperativas a contratar preferentemente con el Estado, pero para potenciar esa posibilidad se pueden incluir criterios de valor social en la evaluación de las ofertas. La Ley General de Contratación Pública que entrará en vigencia en diciembre del 2022 permite la inclusión de estos criterios, pero es importante capacitar tanto a funcionarios de proveeduría como a las mismas cooperativas para que estas políticas puedan tener impacto. 

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Las constantes crisis que afectan nuestro presente, de la mano del persistente desempleo y la creciente informalidad laboral, parecen augurar un futuro oscuro para el bienestar social en Costa Rica y muchos otros países del mundo. No obstante, las cooperativas de plataforma muestran que sí hay una alternativa a las plataformas oligopólicas que, inyectadas de capital especulativo, hoy extraen nuestros datos y dinero mientras profundizan la precarización y la desigualdad. Las cooperativas son una alternativa que en Costa Rica conocemos desde hace décadas, pero que tenemos que modernizar y adaptar a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada. Porque hoy, igual que antes, necesitamos más protecciones laborales, mejores empleos, más bienestar, más justicia social, y más democracia. Las cooperativas de plataforma son una herramienta esencial para encaminarnos en esa dirección.  

Referencias

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